La organización no gubernamental Foro Penal reveló que el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, concentra la mayor cantidad de presos políticos en Venezuela con 109 de los 454 registrados hasta este 27 de abril.
Dicho centro penitenciario ha sido reiteradamente denunciado por familiares y defensores de derechos humanos, debido a presuntos «tratos crueles» contra los detenidos.
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Según el balance actualizado, el segundo centro con más presos políticos es el CENAPROPEMIL —antiguo Ramo Verde— con 76 detenidos, seguido por Yare II con 50 personas privadas de libertad.
También figuran el Fuerte Guaicaipuro, con 31 detenidos, y Yare III, con 25. El resto se distribuye entre centros como Tocuyito (16), La Crisálida (16), la Cárcel Fénix (15), el INOF (14), la sede de la PNB en La Yaguara (11) y otros recintos menores, que en conjunto suman 91 casos adicionales.
Foro Penal reiteró su exigencia de «liberación inmediata» para todas las personas detenidas por motivos políticos y pidió garantías plenas de derechos humanos.
La ONG advirtió que la persistencia de detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas y falta de información oficial configura un patrón sostenido de violaciones que requiere atención urgente y verificación independiente.
Al 27 de abril de 2026, en el @ForoPenal registramos 454 presos políticos, siendo los principales centros de reclusión: El internado Judicial Rodeo I; CENAPROPEMIL, conocido como Ramo Verde; y el Centro Penitenciario Yare II.
Exigimos su liberación inmediata y el respeto pleno… pic.twitter.com/iohGLale8q
— Foro Penal (@ForoPenal) April 30, 2026
TRAS CAPTURA DE NICOLÁS MADURO
El informe se publicó, en un contexto de cambios políticos acelerados tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.
Desde entonces, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha anunciado excarcelaciones parciales, aunque organizaciones civiles señalan que el proceso avanza con opacidad y sin listas oficiales completas.
A este escenario se sumó la reciente ley de amnistía ratificada por la Asamblea Nacional el 19 de febrero, cuyo alcance excluye a personas vinculadas con operaciones militares, casos de corrupción, homicidios o violaciones de derechos humanos.
Aunque fuentes oficiales aseguran que más de 8.000 ciudadanos han recibido beneficios, la mayoría corresponde a medidas cautelares y no a liberaciones plenas, lo que mantiene la incertidumbre sobre quiénes continúan al margen de la amnistía y bajo qué condiciones permanecen detenidos.