(EFE).- Un grupo de familiares y activistas de la ONG Surgentes exigieron este martes al Parlamento de Venezuela que de una respuesta sobre la petición que hicieron hace dos semanas de incluir en la amnistía a los detenidos por sus presuntos nexos con grupos terroristas colombianos.
«Se trata en muchísimos casos de personas campesinas, de lugares apartados (…) que fueron detenidas muchas veces cerca de sus casas y después desaparecidas durante un mes», señaló Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes, a las afueras de la sede del Legislativo, en Caracas, acompañado de un grupo de familiares de estos presos que tenían carteles con fotografías de sus parientes.
Estos detenidos fueron acusados por la Justicia de ser parte de los ‘tancol’, un acrónimo creado por el Gobierno de Venezuela para referirse a «terroristas armados narcotraficantes colombianos», que empezó a ser utilizado a mediados del año 2021.
LA AMNISTÍA EN VENEZUELA
González Plessmann indicó que fue un estigma por el cual se detuvo, especialmente entre 2021 y 2023, a una «gran cantidad de personas», en estados fronterizos con Colombia, acusados posteriormente de terrorismo, lo que advierte el activista es un «delito eminentemente político».
Además, dijo que los detenidos han sido torturados y les han hecho «expedientes forjados».
El investigador sostuvo que hasta la fecha pudieron registrar 45 casos, la mayoría de ellos con nacionalidad colombo-venezolana, pero añadió que empezaron a recibir más llamadas de familiares con casos similares por lo que cree que pueden llegar a documentar unos 200 detenidos.
También señaló que es la segunda vez que acuden a la comisión parlamentaria que hace seguimiento a la Ley de Amnistía. Porque los familiares acudieron a los tribunales y les dijeron que los expedientes de los casos los tiene el Parlamento y viceversa.
«En la Asamblea (Nacional) por ahora ha habido buena disposición, pero no tenemos respuesta y lo que estamos exigiendo es respuesta», apuntó.
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Doris Pineda, abuela de Erwin Álvarez, relató a los medios que su nieto fue detenido cuando tenía 15 años en una finca del estado Barinas. Allí se dedicaba al ordeño de ganado.
«Lo torturaron, le metieron la cabeza en una bolsa, lo asfixiaron, lo maniataron. Lo tiraron al río para que él se declarara culpable y él no se quería declarar culpable», relató Pineda entre lágrimas. Y exigiendo que su nieto, quien ya tiene 19 años, sea liberado.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años. Pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos. Lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos.
