Un doctor y activista político habría sido detenido de manera arbitraria junto a su esposa en la ciudad de Valera, estado Trujillo, y luego fueron trasladados a Caracas, donde no les han permitido la designación de un abogado de confianza y se desconoce los cargos que le pretenden imputar,
Así lo manifestaron sus familiares, quienes advirtieron que en el operativo, realizado este miércoles 10 de septiembre, estuvieron presentes funcionarios de la GNB, CONAS, Policía del estado Trujillo, SEBIN, y las divisiones DAET y DIP de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
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Los afectados responden al nombre de Juan Torres, de 61 años de edad; y Elizabeth Rodríguez, de 63 años.
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Torres es cirujano general, vascular periférico y mastólogo, además de ser coordinador del movimiento Renovación Ciudadana en la localidad trujillana.
«Iban de camino a su trabajo mis padres Juan Torres y Elizabeth Rodríguez. Los detuvieron y llevaron a la Coordinación de Investigaciones Policiales en la urbanización La Beatriz», señalaron los familiares de los detenidos, según lo reseñado por la ONG Provea en su cuenta de X (Twitter).
TORRES DENUNCIABA FALTA DE INSUMOS EN HOSPITAL DE VALERA
Los allegados del galeno advirtieron que antes de su detención, el Dr. Torres «sufrió incontables amenazas por parte del gobierno porque denunciaba de forma pública la falta de insumos y transparencia en el Hospital central de Valera donde trabajó años hasta que se le prohibió la entrada».
Tras la detención, a la vivienda de los señores Torres y Rodríguez la allanaron sin orden judicial y sin la presencia de fiscales del Ministerio Público.
Durante el procedimiento se produjo hurto de pertenencias y destrozos a la propiedad privada, de acuerdo a lo denunciado por los familiares.
«Durante el transcurso del día el lugar de trabajo de ambos también lo allanaron, y aproximadamente a las 5:00 pm también su hogar ubicado en la Urbanización La Beatriz en Valera estado Trujillo», precisaron a Provea.
A la pareja la trasladaron este viernes a la sede del CONAS en El Paraíso, en Caracas, donde no se les ha permitido la designación de abogados de confianza y se desconocen los cargos imputados.
