El Panel de Expertos Internacionales Independientes que investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela publicó un nuevo informe en el marco de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, donde expusieron la creciente crisis de derechos humanos en el país.
Los investigadores alertaron que la represión se ha intensificado entre 2014 y 2025, a pesar del proceso en curso que desarrolla la CPI.
Leer Más
Según el informe, las autoridades venezolanas ampliaron y perfeccionaron un sistema de violencia sistemática que incluye tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
«Entre 2014 y 2024, se cometieron al menos 1634 casos de tortura bajo custodia del Estado: 1116 de ellos, lo que representa un aumento del 115%, ocurrieron después de que la Fiscalía se involucrara formalmente. De las 116 desapariciones forzadas documentadas entre 2014 y 2025, 78 tuvieron lugar después del inicio de la participación de la Fiscalía, un aumento de aproximadamente el 105%», reseñó el informe.
«Las detenciones arbitrarias totalizaron 18582 durante el período de once años, culminando en un pico sin precedentes en 2024, cuando más de 2200 personas fueron detenidas en solo nueve días, en un momento en que la investigación de la Fiscalía estaba abierta y su oficina técnica operaba en Caracas», añadió.
Datos combinados del Estado y de la sociedad civil indican además al menos 16.808 presuntas ejecuciones extrajudiciales en la última década, «este informe demuestra, con evidencia irrefutable, que la represión en Venezuela no solo persiste: se ha vuelto más estructurado y letal. La ausencia de consecuencias reales ha permitido que los perpetradores actúen con total impunidad. Es urgente que la comunidad internacional asuma que miles de víctimas no pueden esperar más», afirmó Rodrigo Diamanti, Secretario del Panel de Expertos Independientes.
ALERTA POR FALTA DE DENUNCIAS
Los expertos alertaron que la disminución de reportes no refleja un avance, sino más bien una dramática “desaparición estadística” causada por el colapso de la sociedad civil en Venezuela. «La caída abrupta en el número de denuncias no es una señal de mejora; es el reflejo de un país donde las víctimas ya no tienen a quién acudir y temen hablar ante la ola represiva que enfrentan. El desmantelamiento de la sociedad civil ha generado un silenciamiento forzado que constituye, en sí mismo, una forma de violencia. Por eso es imprescindible actuar ahora: cada día que pasa, más voces quedan silenciadas», alertó Joanna Frivet, miembro del panel de expertos.
En este sentido, destacó la merma de organizaciones de derechos humanos mediante «persecución legal, allanamientos, vigilancia digital, intimidación y exilio forzado».
LEA TAMBIÉN: «TRUMP LO VA A SACAR»: MADRE DEL ARGENTINO NAHUEL GALLO PIDE LIBERACIÓN DE SU HIJO EN VENEZUELA
«La adopción de la ley anti-ONG en el año 2024, junto con la criminalización de la cooperación internacional y amenazas directas a trabajadores humanitarios, ha limitado de manera drástica la capacidad de los grupos independientes para documentar abusos. Como resultado, las víctimas permanecen cada vez más en silencio, a menudo debido a la coerción, el miedo a represalias o la ausencia de organizaciones seguras capaces de recibir sus denuncias», señaló.
«Los hallazgos del Panel en este nuevo reporte, que examina a profundidad la última década desde 2014, muestran con claridad que el Estado venezolano ha consolidado un sistema de represión estructural y sostenido. Ante esta evidencia alarmante, la única vía real para proteger a las víctimas es avanzar con decisiones firmes respaldadas por un compromiso inequívoco de los Estados Parte para alcanzar la justicia», advirtió el Presidente del Panel de Expertos, Santiago Cantón.
El informe presentado durante la Asamblea de Estados Parte de la CPI, busca llamar nuevamente la atención sobre una de las situaciones más graves ante el sistema de justicia internacional, instando a los Estados a adoptar respuestas coordinadas y reforzar los esfuerzos para garantizar justicia a miles de víctimas.
