Colombia continúa atravesando por horas de altas tensiones políticas y es que al poco tiempo de dictarse sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su defensa ha radicado una denuncia contra el actual mandatario, Gustavo Petro, por presuntos delitos de hostigamiento y calumnia, luego de unas declaraciones que hizo en redes sociales.
«La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, como apoderado del honorable expresidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha radicado el día 31 de julio de 2025 una denuncia penal contra el actual presidente de Colombia, por la presunta comisión de los delitos de hostigamiento (art. 134B del Código Penal Colombiano) y calumnia (art. 221), ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, autoridad competente conforme a la Constitución Política», dice un comunicado.
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En el documento, agregan que los hechos que motivan esta acción penal se derivan «de una serie de manifestaciones públicas proferidas por el jefe de Estado». Estas ocurrieron «los días 28 y 29 de julio de 2025, a través de su cuenta oficial en la red social X, con una audiencia de más de ocho millones de seguidores».
Según la defensa de Uribe, las publicaciones de Petro son acusaciones «directas, infundadas y carentes de respaldo judicial». Alegan que le atribuyen al expresidente Uribe «conductas gravemente delictivas como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción» sin sustento.
«Estas expresiones, proferidas desde la investidura presidencial y usando canales institucionales, no solo constituyen un atentado a la honra, el buen nombre y la dignidad personal y política del Dr. Álvaro Uribe Vélez, sino que además configuran una conducta sistemática de estigmatización y hostigamiento político, dirigida a deslegitimar a un líder político de relevancia nacional y a quienes comparten su ideología», precisan los abogados de Uribe.
CONDUCTA DE PETRO «VIOLA LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES»
Los abogados de Uribe argumentan que esa conducta representa una «violación de los límites constitucionales e internacionales de la libre expresión». Esto, conforme a «la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios de prohibición del discurso de odio y no discriminación política que rigen en el sistema internacional de derechos humanos».
«La firma reafirma su compromiso con la defensa del orden constitucional, el Estado de derecho y la dignidad de las personas públicas frente a campañas de descrédito y retaliación política. Confiamos en que las autoridades competentes actuarán con imparcialidad», finaliza el comunicado.
La demanda contra Petro se conoció el mismo día que la jueza colombiana Sandra Liliana Heredia emitió una sentencia contra Álvaro Uribe. Heredia determinó que deberá pagar 144 meses de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La decisión histórica se da a tan solo dos meses de que prescriba el caso por el que el exmandatario Álvaro Uribe Vélez estaba siendo procesado.
