El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, deberá usar una tobillera electrónica como parte de las medidas dictadas por el Supremo Tribunal de Justicia (STF) ante la acusación por un supuesto entramado golpista.
De acuerdo con la sentencia, Bolsonaro deberá someterse a otras restricciones como la prohibición del uso de redes sociales.
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El político calificó la imposición de la tobillera como la «máxima humillación» y aseguró que nunca pensó dejar el país.
Sobre Bolsonaro pesarán otras medidas como la imposibilidad de hablar con personas que están bajo investigación, entre ellos sus hijos Carlos y Eduardo, así como con embajadores y diplomáticos.
Además, deberá cumplir con arresto domiciliario desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, así como los fines de semana.
URGENTE: a Polícia Federal JÁ PEGOU O BOLSONARO e ele está a caminho do SEAP pra colocar a tornozeleira eletrônica. Grande dia!pic.twitter.com/XZTyPXoaKr
— Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) July 18, 2025
Tras la sentencia, Bolsonaro afirmó que el proceso es una «persecución» en su contra y que la «sospecha es una exageración». En esta línea, manifestó que lo acusan por un supuesto golpe de Estado «sin fuerzas armadas, sin armas».
Junto a Bolsonaro otros siete de sus antiguos colaboradores están bajo investigación por el mismo caso de supuesto intento de golpe de Estado en 2022.
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El equipo del exmandatario informó que sus propios defensores no podían creer el contenido de la sentencia. «La defensa del expresidente Jair Bolsonaro recibió con sorpresa e indignación la imposición de severas medidas cautelares contra él, que hasta ahora siempre cumplió con todas las determinaciones del Poder Judicial», aseguraron en un comunicado.
La denuncia presentada por la fiscalía en febrero pasado asegura que el expresidente intentó aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra Lula da Silva.
La fiscalía lo acusó de participación en una organización criminal armada, tentativa de abolición directa del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave y deterioro de bienes inmuebles.
Hasta ahora el tribunal de Brasil no ha emitido una sentencia definitiva, pero esta podría conocerse entre septiembre y octubre según fuentes cercanas al caso.
En caso de que el tribunal lo considere culpable, las penas podrían alcanzar hasta 43 años de cárcel.
