Los 600.000 venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) en los Estados Unidos siguen en riesgo de deportación a pesar de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California dictaminó que la administración federal excedió su autoridad al intentar cancelar esta medida.
Los jueces calificaron de «ilegales» las acciones impulsadas por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ratificando una orden previa que impide el desmantelamiento de este programa de amparo legal.
De acuerdo con la sentencia de la jueza Kim McLane Wardlaw, la intención de cancelar el TPS ha tenido consecuencias devastadoras para trabajadores, médicos, mecánicos y estudiantes, quienes han enfrentado la pérdida de empleos, hogares y la separación de sus familias.
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El juez Salvador Mendoza Jr. señaló en su opinión concurrente que existen pruebas de «animosidad por motivos raciales» y el uso de estereotipos racistas en las declaraciones de la administración actual para justificar el fin de las protecciones, específicamente contra ciudadanos de Venezuela y Haití.
A pesar de esta sentencia, los venezolanos con TPS siguen estado de vulnerabilidad y en condición de indocumentados. La Corte Suprema mantiene suspendida la decisión del tribunal inferior mientras se resuelve la apelación final presentada en California.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), advirtió que el gobierno de Trump «sin duda seguirá deteniendo y deportando ilegalmente» a los beneficiarios del TPS venezolanos debido a la orden de la Corte Suprema a la que calificó de «ilegal».
Además, se espera que el Gobierno Trump apele la decisión del Noveno Circuito ante el Supremo, dominado por jueces conservadores que ya respaldaron una vez a la administración.
