Un Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que Donald Trump no puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar deportaciones de personas a las que su administración acusa de integrar el Tren de Aragua.
El fallo, emitido la noche del martes, bloquea a la Casa Blanca y llevará la disputa legal a un eventual choque en la Corte Suprema de Estados Unidos.
El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, celebró la decisión. «El uso por parte de la administración Trump de una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente revocado por el tribunal. Esta es una decisión crucial que restringe la postura de la administración de que puede simplemente declarar un estado de emergencia sin supervisión judicial».
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Por lo cual, el fallo prohíbe las deportaciones bajo este esquema desde Texas, Luisiana y Misisipi. La opinión mayoritaria subrayó que las acusaciones del gobierno no alcanzan los parámetros históricos que el Congreso contempló para la ley de 1798.
“No encontraron invasión o incursión depredadora” en este caso. Y añadió: “Que un país aliente a sus residentes y ciudadanos a ingresar a este país ilegalmente no es el equivalente moderno a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, perturbar o dañar de alguna otra manera a los Estados Unidos”.
La Ley de Enemigos Extranjeros solo se había aplicado tres veces antes en Estados Unidos, y siempre durante guerras declaradas (1812 y las dos guerras mundiales). La administración Trump sostuvo, sin éxito en esta instancia, que los tribunales no podían revisar su determinación de que el Tren de Aragua está vinculado al gobierno de Venezuela y constituye un peligro nacional.
No obstante, el gobierno de Trump puede pedir la revisión del caso ante el pleno del Quinto Circuito o acudir directamente a la Corte Suprema, que probablemente tenga la última palabra. Mientras tanto, el fallo mantiene bloqueadas las deportaciones aceleradas por esta vía en los tres estados del circuito.
