El mayor centro de detención para migrantes en Estados Unidos, conocido como Camp East Montana, vuelve a estar en el centro de la polémica tras confirmarse dos casos de tuberculosis entre personas bajo custodia.
La información, divulgada por medios locales y confirmada por la congresista demócrata Verónica Escobar, también señala que otras 18 personas dieron positivo por COVID-19, lo que incrementa las preocupaciones sobre las condiciones sanitarias dentro de estas instalaciones.
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El brote habría sido comunicado a Escobar el mes pasado durante una reunión con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La legisladora informó que visitó el centro recientemente y, aseguró, que los problemas “persisten”. Denunció, además, una pésima administración del recinto, operado por la empresa privada Acquisitions Logistics.
Sus declaraciones, difundidas en la plataforma X, apuntaron a una gestión cada vez más deficiente. Lo más preocupante, es que se trata de un espacio, que ya ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Las mismas agrupaciones insisten en que las condiciones del lugar —compuesto por carpas y con capacidad para unas 5.000 personas— son incompatibles con estándares mínimos de dignidad y salud.
«Acabo de realizar una visita sorpresa al Campamento East Montana, el centro de detención de inmigrantes más grande y caro del país. Mientras las empresas privadas siguen embolsándose nuestros dólares de impuestos, está claro que las condiciones sólo están empeorando. Cada vez peor», escribió Escobar.
🚨 I just conducted an unannounced visit to Camp East Montana, the largest, most expensive immigration detention facility in the country.
While the private corporation continues to pocket our tax dollars, it's clear the conditions are only getting worse. pic.twitter.com/4pBLaxZHTZ
— Rep. Veronica Escobar (@RepEscobar) February 6, 2026
NO ES EL ÚNICO CENTRO
Para más preocupación, el brote de tuberculosis y COVID-19 se produce apenas una semana después de que otro centro de detención en Texas, el único destinado a familias migrantes, fuera puesto en confinamiento debido a un caso de sarampión.
Le llaman centro residencial familiar, se trata de uno donde familias migrantes con niños esperan encerradas por meses una respuesta a su pedido de asilo bajo las estrictas políticas de Donald Trump.
Como era de esperarse, la sucesión de incidentes encendió las alarmas sobre la capacidad del sistema de detención para responder adecuadamente a emergencias sanitarias. Especialmente, en instalaciones que ya enfrentan hacinamiento y recursos limitados.
MUERTES EN EL CAMP EAST MONTANA
A las preocupaciones sanitarias se suman las muertes registradas dentro de Camp East Montana en lo que va de año. Según la cuenta, se registró un suicidio, un fallecimiento por falla renal y también un caso catalogado como “homicidio”. Este último, tras un enfrentamiento con el personal del centro.
Son estos hechos, revelados tanto por reportes oficiales como por filtraciones a medios estadounidenses, los que han intensificado el escrutinio público sobre el manejo de la población migrante detenida. Lo más puntual, sobre la responsabilidad del gobierno federal y sus contratistas privados.
CIFRAS RÉCORD
Todo esto ocurre en un contexto de detenciones récord. En enero, Estados Unidos mantuvo bajo custodia a más de 73.000 migrantes. Se trata de la cifra más alta desde la creación del DHS en 2001, según datos filtrados a CBS News.
El año pasado ya había sido el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Exactamente, con más de 30 fallecidos.
