En los primeros seis meses del segundo mandato del presidente de EEUU, Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ejecutó cerca de 150.000 deportaciones, marcando el ritmo más alto desde 2014.
Con un promedio de más de 800 expulsiones diarias, la agencia se encamina a superar las 300.000 deportaciones anuales, cifra que no se veía desde el gobierno del expresidente de Estados Unidos Barack Obama.
LEA TAMBIÉN: FISCAL DE FLORIDA PIDIÓ A CIUDADANOS REPORTAR A SUS EXPAREJAS INDOCUMENTADAS PARA DEPORTARLAS DE EEUU
Aunque todavía lejos del millón prometido por Trump en campaña, el incremento refleja un giro radical en la política migratoria estadounidense.
Este repunte se ha visto impulsado por una inyección presupuestaria sin precedentes: el llamado One Big Beautiful Bill Act destinó $45.000 millones para nuevos centros de detención y $30.000 millones para financiar el proceso completo de deportación.
Actualmente, más de 57.000 personas permanecen detenidas en instalaciones del ICE, un récord histórico. Además, se planea contratar 10.000 agentes adicionales, lo que podría acelerar todavía más las expulsiones.
El esfuerzo no se limita al ICE. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha reportado 112.000 deportaciones en la frontera sur durante el mismo periodo.
A esto se suman más de 13.000 autodeportaciones, facilitadas por una aplicación oficial (CBP Home) y un incentivo económico de $1.000 dólares por persona.
“La administración ha registrado más de 280,000 repatriaciones y autodeportaciones en total desde la llegada del presidente Trump”, confirmó Tricia McLaughlin, portavoz principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), citada por CBS News.
Asimismo, Todd Lyons, director interino del ICE, lo resumió sin rodeos: “Toda persona que se encuentre en el país ilegalmente será arrestada y procesada”.
Así, con el respaldo de agencias federales y fuerzas militares, la administración Trump amplió el espectro de deportación, revocando protecciones humanitarias y duplicando los arrestos. “La prioridad sigue siendo los casos más graves, pero toda persona que se encuentre en el país ilegalmente será arrestada y procesada”, enfatizó Lyons.