Estados Unidos dio un nuevo paso en la flexibilización de su política hacia el sector energético venezolano, al permitir que las petroleras, que operen en el país, puedan pagar impuestos y regalías sin exponerse a sanciones.
La medida, anunciada este miércoles, 18 de febrero, por el Departamento del Tesoro, establece un marco regulatorio que busca ordenar los flujos financieros entre las compañías estadounidenses y el Estado venezolano, sin renunciar al control que Washington mantiene sobre estas operaciones.
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Según la licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés), las empresas deberán depositar todos los pagos correspondientes a impuestos nacionales, tasas o regalías energéticas en una cuenta bancaria controlada por Estados Unidos.
Este mecanismo, que evita transferencias directas al Gobierno de Venezuela, pretende garantizar que los fondos sean administrados bajo supervisión estadounidense. Todo, en línea con las sanciones vigentes y los objetivos políticos y económicos de Washington.
La nueva regulación llega menos de un mes después de que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobara una licencia general. Con esta se levantaron las restricciones a ciertas transacciones comerciales con crudo venezolano.
Esa decisión abrió la puerta para que las principales petroleras estadounidenses consideren retomar o ampliar operaciones en Venezuela, tras años de limitaciones derivadas del régimen de sanciones impuesto desde 2019.
CONTROLES AL PETRÓLEO VENEZOLANO
A diferencia de las licencias individuales otorgadas en años recientes —como la que permitió a Chevron mantener operaciones limitadas en Venezuela—, esta nueva autorización tiene un alcance más amplio.
Sin embargo, también impone condiciones estrictas. Unas de las más puntuales, es que los contratos entre empresas estadounidenses y el Gobierno venezolano o PDVSA deben regirse por leyes de Estados Unidos, y cualquier disputa deberá resolverse en tribunales del país norteamericano.
El trasfondo político sigue siendo determinante. Durante su primer mandato, Trump sancionó severamente a la industria petrolera venezolana, golpeando una economía altamente dependiente de las exportaciones de crudo.
Tras la intervención militar del 3 de enero en Caracas y el arresto de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la Casa Blanca intensificó la presión para que las grandes petroleras estadounidenses vuelvan a invertir en Venezuela. Esto, aprovechando las vastas reservas del país.
Como se sabe, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Están estimadas en 303.000 millones de barriles, la mayoría ubicadas en la Faja del Orinoco.
Se trata de crudo extrapesado que requiere tecnología avanzada y grandes inversiones para su explotación. Se trata de un escenario en el que las compañías estadounidenses han tenido históricamente un rol clave.
CHEVRON ERA LA ÚNICA
Chevron, la única petrolera de EEUU que se mantuvo operando en el país en los últimos años, mantiene empresas mixtas con PDVSA. Estas aportan cerca del 27 % de la producción nacional, unos 242.000 barriles diarios.
La permanencia de Chevron en Venezuela se remonta a 2007, cuando aceptó continuar bajo el esquema de control estatal impuesto por Hugo Chávez tras la nacionalización de los últimos yacimientos privados.
Actualmente, con un nuevo marco regulatorio y escenario político profundamente transformado, la industria petrolera venezolana podría entrar en una fase de reconfiguración. La misma marcada por la supervisión estadounidense y expectativa de un eventual repunte productivo si las inversiones regresan al país.
