Dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fueron suspendidos mientras avanzan las investigaciones sobre un incidente ocurrido en Mineápolis, donde un migrante venezolano resultó herido por disparos.
Según el director interino de la agencia, Todd Lyons, ambos funcionarios habrían ofrecido declaraciones falsas sobre el caso del venezolano bajo juramento, lo que constituye un delito federal.
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Lo que se precisó, es que la suspensión se mantendrá mientras se completa una revisión “exhaustiva” del caso.
En concreto, se trata del caso que involucra a los venezolanos Julio César Sosa-Celis, de 24 años, y Alfredo Alejandro Ajorna, de 26, quienes inicialmente fueron acusados de agredir a un agente federal. Ocurrió durante una caótica detención en medio del operativo migratorio desplegado en la ciudad.
En su versión inicial, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguraron que uno de los agentes disparó contra Sosa-Celis en una de sus piernas porque este lo atacó con una pala o un palo de escoba, lo que habría obligado al funcionario a responder con un “tiro defensivo”.
Las autoridades federales describieron el hecho como un “intento de asesinato de un agente federal”. Se alegó que el funcionario fue emboscado y golpeado antes de disparar.
Sin embargo, el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) retiró esta semana los cargos contra los dos venezolanos tras la aparición de nueva evidencia en video que contradice el testimonio de los agentes.
Según Lyons, las grabaciones muestran que los funcionarios “parecen haber hecho declaraciones falsas” en su testimonio jurado.

CONTROVERSIA EN OPERATIVOS MIGRATORIOS EN MINNESOTA
El caso se suma a la creciente controversia que rodea a ICE y al DHS por la violencia registrada durante los operativos migratorios en Mineápolis, que ya habían generado indignación pública tras la muerte de dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti.
De hecho, la presión social llevó al zar fronterizo, Tom Homan, a anunciar esta semana el fin de las redadas. También la retirada de los agentes de ICE enviados a la ciudad.
Asimismo, la crisis interna coincide con un momento crítico para el DHS. La agencia gubernamental enfrenta la posibilidad de quedarse sin financiamiento. Esto, debido a la negativa de la minoría demócrata a aprobar fondos sin reformas que limiten los abusos en los operativos.
En medio de este clima, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, también resultó objeto de críticas. Específicamente, por usar el incidente para promover narrativas sobre el peligro que enfrentan los agentes.
Consultada por periodistas en Phoenix sobre si seguirá al frente del departamento, respondió de forma ambigua: “Si aún estoy a cargo del DHS”.

